“Hace unos días, los diarios dieron a conocer la baja de más de 70.000 pensiones a personas con discapacidad y aún persiste el sentimiento de impotencia que me provocó esa noticia.
No puedo olvidar que mi primer caso como Trabajadora Social se trató de un señor discapacitado al que le tramité una pensión. Tampoco olvidaré las historias que contaba mi padre que trabajaba en la Caja de Pensiones de Santa Fe en épocas del primer peronismo y relataba la alegría de las familias cuando recibían esa ayuda. Menos aún dejaré de recordar cuando trabajaba en un Juzgado de Familia, en los años noventa y esa herramienta de política pública –como toda la política social- parecía haber desaparecido. En esos años, se profundizaba el plan político-económico neoliberal iniciado en la dictadura cívico-militar que se llevaría puestos la mayoría de los derechos sociales, con los que yo había crecido y me había formado profesionalmente.”
Para leer el informe completo: Pensiones por invalidez